Los inicios del siglo XVIII suponen un cambio drástico para Valencia, que pierde su condición de reino y sus fueros, para ser una provincia de un reino mayor, cuyas leyes son impuestas en el territorio valenciano. Carlos II, el último monarca de la casa de Austria, carecía de herederos y decidió nombrar, un mes antes de fallecer, a Felipe de Anjou, nieto del rey Luis XIV de Francia. El nuevo monarca subió al trono con el nombre de Felipe V en febrero de 1700. En sus primeros meses como rey, el nuevo monarca tomó medidas destinadas a favorecer la economía de todos sus estados, otorgando grandes privilegios a los comerciantes franceses, y se mostró respetuoso con la legalidad vigente en todos sus estados.
Muchas de las medidas económicas atacaban directamente a los intereses comerciales británicos y holandeses, que además temían la previsible alianza entre España y Francia, que sería de gran beneficio para las ambiciones imperialistas de Luis XIV. España, a pesar de su decadencia política y militar, contaba con el lucrativo comercio con las colonias de América, y sus posesiones en Italia y los Países Bajos, que pasarían a ser una importante fuente de recursos y puntos estratégicos al servicio de Francia en caso de la consolidación de un monarca francés en el trono español. Fruto de esta rivalidad política y económica y de la gran cantidad de intereses que suscita la cuestión de la sucesión, se creó la Gran Alianza de La Haya en septiembre de 1701, a la que se unieron todos los países afectados por las medidas del nuevo monarca. El archiduque Carlos de Austria fue proclamado rey de España en Viena en 1703, con el pretexto de que sus derechos a la corona eran superiores a los de Felipe.
La Corona de Aragón se sumó a la causa del archiduque, que en 1705 llegaba a Barcelona, y poco después su flota se hizo con Altea y Denia, que se convirtieron en epicentro de la revuelta contro el Borbón en el reino de Valencia.Tras mantenerse leales a la causa borbónica al principio de la guerra, las autoridades valencianas se sumaron a la causa del austríaco. Las causas que motivaron el cambio de bando fueron diversas: el malestar social por conflictos como las segundas germanías o la guerra contra Francia, en la que Alicante fue bombardeada, el odio antiseñorial por ser muchos señores partidarios del francés, el resentimiento de los comerciantes hacia los mercaderes franceses que dominan el comercio, la prohibición de comerciar con británicos y holandeses, lo que afecta directamente a las principales exportaciones valencianas, unido a las rivalidades entre diversas facciones políticas, y el peso de los maulets, la facción más radical de partidarios del archiduque,dirigidos por Basset.
Las tropas borbónicas abandonaron Valencia para establecerse en otros frentes considerados más importantes, lo que fue aprovechado por la flota británica para atacar toda la costa. La población se sintió abandonada, y Basset aprovechó para reclutar miles de voluntarios, que se adueñaron del país en nombre del archiduque, el cual juró los fueros en la capital y fue coronado como Carlos III. El gobierno del reino estuvo a cargo de Basset, pero sus medidas populistas, como la exención de pagar derechos señoriales a los campesinos, entraban en conflicto con los intereses de los partidarios del archiduque, y fue sustituido por el conde de Cardona, respaldado por tropas inglesas.
En marzo de 1707 el archiduque tuvo que abandonar Valencia para acudir en ayuda de Barcelona, y sus partidarios encadenaron varias derrotas que desembocaron en la batalla de Almansa el 25 de abril, dos semanas después Valencia se rendía, aunque la resistencia del reino se prolongó hasta abril de 1709, cuando cayó en manos borbónicas el castillo de Játiva, último bastión de la causa del archiduque.
Apenas dos meses después de la derrota en Almansa, el 29 de junio, fueron promulgados los Decretos de Nueva Planta, que suprimieron el antiguo ordenamiento foral valenciano por un régimen jurídico y legal completamente nuevo que convertía al reino en una provincia, como parte del proyecto uniformador de Felipe V. Ni siquiera las protestas de sus partidarios impidieron la implantación de los decretos, dejando en la sociedad valenciana un sentimiento de derrota que se expresa en un dicho popular de la época: Quan el mal ve d’Almansa, a tots alcança.
En inicio, nada hizo presagiar lo que ocurriría tras Almansa. El Consejo de Aragón sugirió a Felipe V que no derogara el orden foral, sino que lo controlara nombrando a sus integrantes. El rey aceptó la sugerencia y apenas dos semanas después de la batalla, nombraba a los magistrados de Valencia de entre sus partidarios. SIn embargo, mes y medio después, el 29 de junio, la promulgación de los Decretos de Nueva Planta, fueron una sorpresa inesperada en Valencia y Aragón. La lógica empleada para justificar la abolición fue que los súbditos valencianos y aragoneses habían roto el juramento de fidelidad al monarca, cosa que le permitía abolir cualquier fuero y privilegio del que disfrutaran, y que el derecho de conquista le otorgaba la legitimidad necesaria para cambiar las leyes de un país en rebelión, reformando la administración de los territorios anexionados. El único organismo de época foral que sobrevivió a las reformas fue el Tribunal de las Aguas.
La base del nuevo modelo organizador impulsado es la desaparición del viejo modelo pactista para implantar una nueva administración centralizada, totalmente sometida al poder del monarca y que le permite aumentar el control de los recursos a su disposición. A pesar de sus protestas iniciales, los aristócratas valencianos acabaron aceptando el nuevo orden por la facilidad con la que podían integrarse en la nueva administración, especialmente en la jerarquía militar, la cual experimentó un proceso de “aristocratización”, por el cual la mayor parte de sus mandos proceden de la nobleza.
La implantación de las leyes castellanas, más favorables al autoritarismo monárquico, y la reconversión de la Audiencia se hicieron según el modelo de cancillerías de Valladolid y Granada. El 15 de julio, el Consejo de Aragón era suprimido y la nueva cancillería valenciana se integraba en el Consejo de Castilla. El primer presidente de la cancillería de Valencia fue Pedro Larreategui Colón, cuya labor fue la de organizar por completo la reordenación de la nueva provincia de Valencia en corregimientos y la reconstrucción de los gobiernos municipales, según el modelo castellano creando así una administración centralizada dependiente del gobierno de Madrid. Entre el rey y los nuevos ayuntamientos se interpone una cadena de tribunales con competencias gubernativas y funcionarios con formación jurídica.
Una nueva fase de reformas comenzó en 1714, cuando los militares, descontentos con la lentitud con la que los cambios eran introducidos, aprovecharon para reorganizar el territorio en distritos y nombrar por su cuenta a los cargos municipales. Los gobernadores militares pasaron a denominarse oficialmente capitanes generales, y la cancillería, renombrada como audiencia, fue puesta bajo la autoridad del capitán general, que pasa a tener una hegemonía absoluta en la administración, reforzada por la presencia de miles de soldados y por ser nombrado directamente por el rey.
El capitán general cuenta con el respaldo de los corregidores, trece en territorio valenciano, y bajo ellos se encuentran los magistrados municipales, los regidores. Los corregidores, todos militares, cuentan con un asesor especialista en leyes, el alcalde mayor, en el cual suelen delegar sus atribuciones civiles y la vigilancia de los regidores. Estos últimos, por su parte, son también nombrados por el rey a propuesta de la audiencia. Se trata de un modelo administrativo que imita el modelo prusiano, sometido a un férreo control por los militares. El nuevo modelo administrativo estuvo limitado inicialmente a los territorios de la antigua Corona de Aragón, pero en vista de su éxito, fue implantado en el resto de España. En Valencia, a partir de 1736, el ayuntamiento queda formado por 24 regidores, dos tercios son caballeros y el resto ciudadanos. Son cargos vitalicios, en oposición al sistema foral, donde eran anuales, y siempre elegidos de entre los adictos a la nueva dinastía.
Las reformas no se limitan al ámbito administrativo, el nuevo gobierno considera prioritaria las reformas financieras. En los primeros momentos tras la victoria, el control de las haciendas municipales se ejerce de manera provisional por medio de comisarios militares, y a partir de 1709 por medio de un nuevo organismo, la Superintendencia General de Rentas Reales, inspirado en los organismos castellanos. Se introducen una serie de impuestos y tributos, entre ellos las alcabalas, y los cientos y millones, pero este sistema fracasa por la confusión que se genera al intentar introducir un nuevo sistema financiero mientras se mantiene el antiguo.
Este fracaso motiva la creación en 1711 del cargo de intendente militar, el máximo responsable financiero a nivel provincial, con atribuciones judiciales, militares y policiales. Desde este momento consigue imponerse el modelo de la hacienda castellana: el rey fija la cantidad a recaudar en cada provincia, y el intendente la distribuye entre los corregidores, que su vez comunican a las autoridades municipales la cantidad que corresponde a su municipio, cada vecino debe pagar según su patrimonio y rentas. Las mercancías que entran en los puertos de Valencia y Alicante se graban con un impuesto del 8% sobre el valor total, y la seda del 4%, dejando el grano y el pan exentos de pagos. La introducción de estos tributos se tradujo en un aumento de los ingresos reales por la simplificación de los mecanismos de recaudación. Los ingresos, establecidos inicialmente para el antiguo reino de Valencia en unas 600.000 libras anuales, fueron aumentando a lo largo del siglo por el crecimiento demográfico y la expansión del comercio, en especial en Valencia y Alicante.
Finalmente, en el plano cultural, la centralización de la administración tuvo el efecto de relegar el valenciano, anteriormente lengua común con el castellano a efectos administrativos, en favor del castellano, que se convierte en la lengua única presente en la documentación de la época. En la etapa de los Austrias el conocimiento del castellano había sido una forma de obtener prestigio social, pero con los Borbones se convierte en la única forma de promocionar socialmente, al ser el único idioma aceptado por el gobierno. La castellanización no se limita a las clases altas, los clases bajas también se familiarizan con ella cuando se alistan en el ejército o cuando participan en actos festivos.