A finales del siglo XIX el gobierno español desarrolló una política económica proteccionista para proteger la industria textil catalana y la producción triguera castellana. Ello suponía una elevación de los aranceles a los productos importados y una respuesta proteccionista del resto de países que comerciaba con España, lo que perjudicaba a la economía agraria valenciana, eminentemente exportadora. Con todo, determinados sectores de la economía valenciana, como el del arroz, defendieron una política proteccionista.